El CRUCH ante crisis de la Universidad del Mar

1.- El Consejo de Rectores de las universidades chilenas  lamenta profundamente la situación que están viviendo los estudiantes de la Universidad del Mar y sus familias.  Vemos con inquietud como los sueños y anhelos y seguridades de los estudiantes se truncan; ellos no sólo creyeron en una propuesta de educación superior, sino también en el Estado y el sistema que el mismo avaló. Sin embargo, valoramos hoy el esfuerzo por avanzar administrativamente, aunque de modo tardío desde el Ministerio para dar una respuesta a los estudiantes y sus familias.   

 

2.- Esta crisis, ha puesto de manifiesto las deficiencias y oportunidad del proceso de fiscalización  que el Estado debía llevar a cabo. Los mecanismos, los procedimientos y las políticas que se relacionan con el Sistema de Educación Superior no han podido resguardar los intereses de los estudiantes más vulnerables, dejando en manos del “mercado” la regulación y control que el Estado debía garantizar. Por esta misma razón, el Consejo reitera una vez más la necesidad de crear una Superintendencia de Educación Superior con todas las atribuciones de fiscalización y sanción a las instituciones que no cumplan con la legislación. 

 

3.- Como Consejo de Rectores estamos dispuestos a contribuir para la reformulación de las políticas y procedimientos destinados a mejorar el sistema y así asegurar a las familias una educación superior en un marco de calidad adecuado a los intereses personales y del país. Junto con ello los miembros del Consejo han manifestado su voluntad para evaluar y analizar respuestas específicas a estudiantes que se han o pudieran acercarse a ellas, siempre dentro de sus posibilidades reglamentarias y de exigencias académicas, analizando las situaciones caso a caso.  

 

4.- Además hacemos un llamado a continuar decididamente con el proceso de investigación judicial y administrativa que permita esclarecer y sancionar a quienes corresponda, pero por sobre todo, para avanzar hacia una política educacional que permita el respeto a las personas y al país.
 
Santiago, 29 de noviembre de 2012